El Artículo 83 de la Constitución Política establece que el Presidente durará en el cargo seis años, además de que “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.
Esas dos máximas constitucionales están en riesgo, toda vez que es deseo del presidente someterse a una revocación de mandato, la cual no está contemplada en la Constitución que nos rige, misma que juramentó guardar.
Si en el Senado de la República prospera la iniciativa de una revocatoria de mandato, estaríamos no sólo vulnerando la periodicidad del cargo para el cual fue electo por mayoría el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también se afectaría el principio de la no reelección.
La revocación de mandato que plantea el mandatario nacional y que fue presentada por el dirigente de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, pretende realizarse al concluir el tercer año del actual gobierno federal.
De tener un resultado adverso, López Obrador no concluiría con los seis años para los cuáles fue electo, mientras que de ser favorable el resultado,
abriría el escenario político a la reelección.
En Coparmex hemos señalado las graves consecuencias políticas, jurídicas, económicas y sociales que esta iniciativa de reforma constitucional ocasionaría en el sistema democrático de nuestro país.
A la afectación a la Carta Magna con las consecuencias reeleccionistas que ello puede significar, se suma, efectivamente, un boquete económico al presupuesto federal y al del Instituto Nacional Electoral, entidad a la que,
por cierto, el gobierno de la República ha pretendido disminuirle los recursos que garantizan el ejercicio de la democracia en México.
En términos sociales y de gobierno, una revocación de mandato a la mitad del sexenio distraería al Gobierno Federal, al Poder Legislativo y a las administraciones en las entidades federativas, en una campaña política para preservarse en el poder –cuando no hay necesidad de ello–, de las labores de gobierno que tienen responsabilidad y obligación de cumplir y ejercer.
En muy pocos países en el orbe es aceptada en el ámbito federal la revocación de mandato, precisamente porque vulnera los procesos para promover el desarrollo, la educación, el crecimiento, al centrarse en campañas políticas personales.
Sólo tres países cuentan en sus legislaciones nacionales con un proceso revocatorio. Bolivia, Ecuador y Venezuela.
En este último, fue el instrumento
utilizado en 2004 por el entonces presidente Hugo Chávez, para perpetrarse en el poder hasta el día de su muerte en el año 2013.
En México las discusiones legislativas han empeorado el escenario acercando las posturas entre dos grupos de Senadores; uno afín a las
causas del Presidente y otro conformado por legisladores de oposición, los cuáles en una representación menor, no garantizan el fin de esta amenaza a la democracia.
Las propuestas de modificaciones a la iniciativa presentada por Morena no son suficientes ni resuelven de fondo el tema de la vulnerabilidad del sistema democrático mexicano.
Abrir la posibilidad de una revocación de mandato durante los tres meses posteriores al cumplimiento del tercer año del ejercicio de gobierno al peticionarlo el tres por ciento de los electores en el listado nominal, implica –más allá de omisiones en el ejercicio del gobierno en un momento crucial del sexenio posterior a la curva de aprendizaje– una inversión de recursos sin precedentes para el sistema político mexicano.
Cambiaría la forma de designación del titular del Poder Ejecutivo como la conocemos.
La iniciativa expone que la revocación de mandato podría ser impugnada, y que, en caso de que el Presidente de la República resultara
revocado, sería el Presidente del Congreso de la Unión quien ocupara su cargo de manera provisional.
En Coparmex reiteramos nuestra preocupación porque, a pesar de las modificaciones recientes, los puntos más graves y más perjudiciales permanecen en el espíritu de la iniciativa.
Lo hemos dicho y lo sostenemos: cuando la ciudadanía acude a las urnas para votar por un candidato a la presidencia de la República, lo hace pensando en que gobernará seis años. No más, no menos.
En Coparmex, defendemos los periodos sexenales que establece la Constitución de nuestro país.
De aprobarse esta iniciativa, se estaría atentando contra el propio espíritu democrático que presume regir al interior del Poder Ejecutivo.
Y no olvidemos que el sistema democrático vigente en México, fue el que permitió que la oposición alcanzara la Presidencia de la República.
Por todas estas razones, en Coparmex mantenemos nuestra postura en
contra de la revocación de mandato. Una iniciativa que se ajusta a la medida del actual gobierno, pero no a las necesidades de nuestro sistema democrático.
La democracia mexicana no debe sacrificar la gobernabilidad ni la estabilidad del país, bajo el pretexto de abrir espacios de participación ciudadana, que no necesariamente repercutirán en mejores gobiernos.
Por ello mantenemos nuestro llamado a los Senadores de la República, para que frenen esta iniciativa antidemocrática, populista e ineficaz; que pone en riesgo la estabilidad de México, y que abre el camino de la reelección.
Hoy más que nunca, los mexicanos tenemos que defender nuestra democracia.